La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de prohibir el uso de la "píldora del día siguiente" en hospitales públicos del Perú fue calificada de discriminatoria y sumó un nuevo elemento a la polémica sobre la despenalización del aborto en casos especiales.
El Tribunal ordenó el jueves que el Estado debe cesar la distribución gratuita de dicha píldora como parte de una política nacional de salud desde el 2006, por no existir la certeza de los efectos abortivos de la pastilla.
"El TC aplicó el principio jurídico de que la duda favorece a la persona. El Estado debe proteger la vida", dijo a la prensa el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, al justificar la decisión.
Mesías insistió en que se tomó esa decisión por no existir evidencia científica de que la píldora no es abortiva.
El Tribunal aceptó de este modo la demanda presentada por la ONG católica "Sin Componenda", con el fin de frenar la distribución gratuita por considerarla abortiva.
La ONG, que tiene como miembros honorarios a Yavhé, al Espíritu Santo y a María del Perpetuo Socorro, según su página en internet, actuó preocupada por el "avance del deterioro moral de la sociedad".
La paradoja es que la píldora sí se podrá seguir adquiriendo en farmacias privadas, una situación similar a la que prevalece en Chile.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, ligado al Opus Dei, aseguró que la medida es insuficiente y que "falta complementar la decisión prohibiendo la venta en farmacias".
Los magistrados ordenaron además que los laboratorios que "producen, comercializan y distribuyen la píldora del día siguiente" adviertan que la pastilla "podría inhibir la implantación del óvulo fecundado".
La decisión del TC recibió duras críticas de parte de la prensa, grupos feministas y de las autoridades de Salud que recordaron que en el 2006 el mismo tribunal falló a favor de la entrega gratuita de la pastilla.
"Para frenar el aborto en el Perú en caso de violación o de embarazos no deseados se necesita la píldora del día siguiente", dijo el ministro de Salud, Oscar Ugarte, quien señaló que impedir la distribución contribuye al aborto ilegal. Pese a ello, indicó que se acatará el fallo.
El diario Perú21 informó de un cabildeo de sectores conservadores del gobierno y de la Iglesia, todos ellos ligados al Opus Dei, para presionar a los magistrados a pronunciarse en contra de la píldora.
El fallo es una victoria de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica y atiza más el debate en curso en el Congreso sobre la despenalización del aborto, en casos de violación y de malformaciones congénitas del feto.
El decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro, tildó de discriminatoria la decisión porque deja abierto el acceso a la píldora a las personas con recursos económicos.
En las farmacias la píldora se puede adquirir bajo prescripción médica al precio de 25 soles (ocho dólares), una alternativa lejos del bolsillo de las mujeres pobres, denunciaron a su turno ONG feministas.
"Estamos entrando a una especie de régimen semiteocrático, nunca más deberíamos criticar o asombrarnos de los musulmanes cuando nos llegan noticias de que el velo se volvió obligatorio, que lapidaron a una mujer por adúltera", editorializó el diario limeño Correo.
"¡Bienvenidos a Perustán!", acotó el diario, cuya posición anticlerical es conocida y que además es uno de los que apoya la despenalización del aborto en casos especiales.
